Este año el plan se activó el 1 de agosto con una fase de difusión entre las empresas del sector y se prolongará hasta el 9 de octubre próximo.

Obreros de la construcción de la empresa AITUE en Machalí, recibieron del seremi del Trabajo, Sergio Salazar y del director regional, Juan Carlos González, información sobre el programa de Fiscalización de la Construcción 2016 que vela por la seguridad y salud de los trabajadores/as que se desempeñan en este ámbito.

Uno de los objetivos del programa es mejorar el cumplimiento legal en aspectos laborales, previsionales y, especialmente, de higiene y seguridad. Se concentra en las empresas principales, contratistas y subcontratistas que están ejecutando obras de construcción como excavaciones, túneles, movimientos de tierra, obra gruesa y trabajo en altura.

Durante la visita, el seremi del Trabajo, Sergio Salazar, señaló “junto al director del Trabajo vinimos hasta la comuna de Machalí, a un sector donde se está construyendo un gran conjunto habitacional. Lo importante es difundir, no solamente a través de los medios, sino que en terreno, con los trabajadores y empleadores para que ellos conozcan este programa de fiscalización. Con ello, queremos evitar que el sector de la construcción sea el segundo de los procesos productivos con más accidentabilidad y, con esta difusión, la fiscalización y compartiendo con los trabajadores queremos el cumplimiento de la norma y cumplir con la política nacional de Salud y Seguridad Laboral, decreto que fue firmado hace unas semanas atrás por la Presidenta Michelle Bachelet”.

El director regional del Trabajo, Juan Carlos González, indicó que este año el plan se activó el 1 de agosto con una fase de difusión entre las empresas del sector y se prolongará hasta el 9 de octubre próximo. “En total, serán 550 las empresas fiscalizadas en todo el país entre el 11 de este mes y el 9 de septiembre bajo la modalidad de asistencia al cumplimiento, en la región las empresas fiscalizadas serán 31”.

Lo expuesto significa que a las empresas sorprendidas en infracción se les otorgará un plazo de corrección de 30 días corridos cuyo cumplimiento deja sin efecto la aplicación de la sanción.

Esta lógica correctiva solo será inviable y obligará a la suspensión inmediata de faenas cuando la fiscalización constate en terreno el riesgo inminente para la salud y vida de los trabajadores.

Tal situación se configura en los siguientes casos: que no haya agua potable, los andamios no cuenten con barandas protectoras o no estén amarrados a la estructura, los conductores eléctricos se encuentren sobre superficies con agua y los trabajadores que laboren al borde de excavaciones superiores a un metro y medio de profundidad o que lo hagan en altura no estén sujetos por tipos de arnés específicos para cada caso.